Por Julio Yao Villalaz
Luego de haber criticado violentamente al gobierno de Venezuela y a
su presidente Nicolás Maduro, exigiendo además una elección presidencial
anticipada, el Grupo de Lima, conformado por 12 Estados miembros de
la OEA, se pronuncia ahora contra la elección presidencial anticipada
que Caracas acaba de convocar. Esta actitud contradictoria del Grupo
de Lima es parte de la campaña internacional de Estados Unidos contra la
República Bolivariana. Se busca hacer creer que el país de Hugo Chávez
está en quiebra y en la existencia de una crisis humanitaria de
proporciones tales que justificaría una «intervención humanitaria». El diplomático panameño Julio Yao refuta esa argumentación.
a intervención que Estados Unidos está promoviendo
contra Venezuela con la complicidad del llamado “Grupo de Lima”,
integrado por 12 países –menos de la mitad de los Estados miembros la
Organización de Estados Americanos (OEA)– entre los cuales aparece
vergonzosamente Panamá, es una empresa ilegítima e imposible porque
viola escandalosamente la Carta de la OEA, la Carta de la ONU y el
Derecho Internacional.
La violación colectiva del Derecho Internacional abarca décadas de
acciones ilícitas, desde que Hugo Chávez llegó al poder en Venezuela y
Estados Unidos empezó a perder allí sus ventajas, canonjías y subsidios
petroleros.
Pese al incuestionable desprestigio de esa organización, la Carta de la OEA
consagra principios del Derecho Internacional que imposibilitan la
intervención individual o colectiva de sus miembros en los asuntos
internos y externos de otros Estados y que son, mutatis mutandi, los mismos principios de la Carta de la ONU, entre otros:
1. Todo Estado tiene derecho a elegir, sin injerencias externas, su
sistema político, económico y social, y a organizarse en la forma que
más le convenga (Artículo 3, literal e).
2.
Las controversias de carácter internacional que surjan entre dos o más
Estados americanos deben ser resueltas por medio de procedimientos
pacíficos (Art. 3, literal i). 3.
Ningún Estado o grupo de Estados tiene derecho a intervenir, directa o
indirectamente, y sea cual fuere el motivo, en los asuntos internos o
externos de cualquier otro. El principio anterior excluye no solamente
la fuerza armada, sino también cualquier otra forma de injerencia o
de tendencia atentatoria de la personalidad del Estado, de los elementos
políticos, económicos y culturales que lo constituyen (Art. 19). 4.
Ningún Estado podrá aplicar o estimular medidas coercitivas de carácter
económico y político para forzar la voluntad soberana de otro Estado y
obtener de éste ventajas de cualquier naturaleza (Art. 20). 5.
El territorio de un Estado es inviolable; no puede ser objeto de
ocupación militar ni de otras medidas de fuerza tomadas por otro Estado,
directa o indirectamente, cualquiera que fuere el motivo, aun de manera
temporal. (Art. 21). 6.
Los Estados americanos se obligan en sus relaciones internacionales a
no recurrir al uso de la fuerza, salvo el caso de legítima defensa,
de conformidad con los tratados vigentes o en cumplimiento de dichos
tratados (Art. 22).
7. Ninguna de las estipulaciones de esta Carta se interpretará en el
sentido de menoscabar los derechos y obligaciones de los Estados
miembros de acuerdo con la Carta de las Naciones Unidas (Artículo 131).
La llamada «Carta Democrática» de la OEA no es aplicable contra Venezuela porque la llamada «democracia representativa» que intenta sacralizar está en conflicto con el Artículo 103 de la Carta de la ONU, que prevalece sobre la OEA:
«En caso de conflicto entre las obligaciones contraídas por los Miembros de las Naciones Unidas en virtud de la presente Carta y sus obligaciones contraídas en virtud de cualquier otro convenio internacional, prevalecerán las obligaciones impuestas por la presente Carta.»
La Carta de la ONU no menciona la «democracia representativa» (objetivo primordial de la «Carta Democrática»
de la OEA) como un modelo o sistema político obligatorio para sus
miembros porque reconoce que en el mundo existen diversas formas de
organización política o de gobierno, como las repúblicas y
las monarquías (democráticas o no, presidencialistas o parlamentarias),
los principados, etc.
Pero la República Bolivariana de Venezuela supera con creces a las llamadas «democracias representativas»
de la región (Venezuela es una democracia participativa) y es uno de
los países más democráticos del mundo, como lo demuestran su historia y
su experiencia actual, constatadas por la ONU, por organismos
internacionales de derechos humanos y por personalidades y asociaciones
de prestigio, como la Fundación Carter, entre otros.
Sin embargo, Estados Unidos y sus adláteres, secuaces y cipayos del
“Grupo de Lima” perseveran en la violación del Derecho Internacional
pese a que en la OEA ni siquiera lograron el respaldo del organismo para
esta aventura imperialista (los países independientes del Caribe y
otros lo impidieron) y casi la totalidad del “Grupo de Lima” viola y
está lejos de normas que garanticen mínimos requerimientos siquiera de
una elemental gobernanza democrática.
¿Qué derecho tiene Estados Unidos para saquear Venezuela, si el
propio Estados Unidos es el mayor violador de la Carta de la ONU y el
principal negador absoluto del Derecho Internacional; si Estados Unidos
es el Estado que más tratados de derechos humanos ha rechazado o no ha
ratificado a nivel mundial; cuando Estados Unidos es el país con el
mayor número de condenas a muerte en el planeta; si Estados Unidos es el
Estado cuyo presupuesto de “defensa” es mayor que el presupuesto total
de los 6 Estados que le siguen en ese rubro; si Estados Unidos es el
Estado con mayor cantidad de bases militares en el mundo (más de 1 000);
si Estados Unidos ha dividido el planeta en 10 comandos militares,
sin autorización ni consentimiento de ningún país; si Estados Unidos es
el Estado que acapara la mayor parte de la riqueza mundial; si
solamente, según la FAO, se requieren 1 060 millones de dólares para
acabar con el hambre del mundo, mientras que Estados Unidos gasta un
billón de dólares (más de mil millones) en guerras?
¿Qué derecho tiene ese país delincuente a negar el derecho del pueblo venezolano a la existencia?
¿Qué derecho tiene Colombia a encabezar la agresión contra Venezuela,
si en el plano externo Colombia es un país ocupado por Estados Unidos
(hay 7 bases militares estadounidenses en Colombia) y carece de
independencia; y, en el plano interno, Colombia es un narcoestado que
mantiene a uno de cada 10 colombianos en el extranjero, seguido por
Brasil y Perú; cuando Colombia ha traicionado los Acuerdos de Paz que
firmó con la guerrilla y asesina y permite a paramilitares eliminar
sistemáticamente a defensores sociales y de derechos humanos; si
Colombia tolera que se hostigue y agreda a movimientos políticos que
participan en la política nacional, como las FARC? Colombia ya
es cómplice de las sanciones contra Venezuela y será punta de lanza de
la invasión a la República Bolivariana.
¿Qué derecho tiene el Perú para alegar falta de democracia
en Venezuela, si su presidente, Pedro Pablo Kuczynski, estuvo a punto de
ser destituido por el Congreso por «incapacidad moral» para
gobernar porque recibió sobornos de Odebrecht; si ese mismo presidente
peruano indultó ilegalmente al ex presidente Alberto Fujimori –un
genocida confeso– y su gobierno está sitiado permanentemente por
reclamaciones de los trabajadores de la salud y la educación?
¿Qué derecho tiene Argentina a cuestionar la transparencia
en Venezuela, si su presidente, Mauricio Macri, está embarrado hasta los
tuétanos en el escándalo Odebrecht y en los «Panama Papers» [1]
y su gobierno está cotidianamente acosado por reclamaciones de su
pueblo, de los indios mapuches, de los jubilados y las clases medias,
que lo han visto estancar su progreso, logrado durante el mandato de la
ex presidente Cristina Kirchner?
¿Qué derecho tiene Brasil a prestar su territorio como trampolín para una intervención y denunciar a Venezuela como «dictadura», si su presidente no electo, Michel Temer, llegó al cargo gracias a un «golpe suave» contra Dilma Roussef, está acusado por el Fiscal General del Estado de «corrupción pasiva, obstrucción de la justicia y organización criminal» y bloquea antidemocráticamente la candidatura de Luis Inacio Lula da Silva a la presidencia?
¿Qué derecho tiene México a denunciar a Venezuela por «crisis humanitaria»,
si su presidente, Enrique Peña Nieto, preside un gobierno corrupto y
sustentado por el narcotráfico y el crimen organizado, que ha entregado
las riquezas de México a las transnacionales de Estados Unidos y el
propio México ostenta el record mundial de periodistas asesinados y
desaparecidos?
¿Qué derecho tiene Honduras (¡por favor!) a cuestionar
la legitimidad de la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela, si su
“presidente”, inconstitucional y no electo, entronizado por un fraude
de proporciones cósmicas, José O. Hernández, se aferra al poder con el
respaldo de las bayonetas del Comando Sur estadounidense [2] y mata sin vacilación a su propio pueblo?
¿Qué derecho tiene Panamá a cuestionar la independencia y la
democracia de Venezuela, si el Partido Panameñista (del presidente Juan
Carlos Varela) llegó al poder en brazos de los invasores
[estadounidenses] (que juramentaron a Guillermo Endara como presidente
de Panamá en una base militar estadounidense) a raíz de la invasión de
1989 [3]? Vale recordar que, en derecho internacional, los acuerdos firmados bajo ocupación militar son ipso facto nulos.
¿Qué moral tiene Panamá para destruir el derecho de Venezuela a la
autodeterminación, si Guillermo Endara, el primer presidente títere
post-invasión y presidente del Partido Panameñista (el partido del
actual presidente panameño Juan Carlos Varela), suscribió el Acuerdo
Arias Calderón-Hinton (1991), base de los tratados Salas-Becker de 2002,
que entregan Panamá a 16 agencias federales de Estados Unidos
(incluidos el Pentágono, el US Army, la US Air Force, la US Navy y el
Servicio de Guardacostas de Estados Unidos)? Esas instancias
estadounidenses pueden convertir nuevamente a Panamá en plataforma de
agresión para el Comando Sur.
¿Qué derecho tiene Panamá a inmiscuirse en Venezuela, si los
gobiernos panameños han tolerado sin chistar las MANIOBRAS PANAMAX
(2003-2018), realizadas anualmente entre países de la región y potencias
miembros de la OTAN en base a un tratado entre Chile y Estados Unidos?
Ese tratado (firmado en 2003) viola el Tratado de Neutralidad y la
Constitución panameña. Panamá lo desconoce y no lo ha suscrito.
¿Qué derecho tiene el presidente panameño Juan Carlos Varela a
suscribir el Acuerdo Nuevos Horizontes 2018, que puede instrumentarse
para encubrir una intervención contra Venezuela, si ese tratado es
violatorio del Tratado de Neutralidad, de la Constitución de Panamá y
del Derecho Internacional?
¿Qué derecho tiene el presidente de Panamá a actuar contra Venezuela,
si los Tratados Salas-Becker –de los cuales es parte el Acuerdo Nuevos
Horizontes– jamás fueron sometidos a la aprobación de la Asamblea
Legislativa o Nacional panameña y, por tanto, no existe obligación
constitucional de cumplirlos?
La ex presidente de Panamá Mireya Moscoso, del Partido Panameñista,
ostenta el deshonor de haber suscrito la totalidad de los Tratados
Salas-Becker (entre 2001 y 2004, salvo el de 1991) y de haber indultado
ilegalmente, a petición de Colin Powell (alias “el carnicero de
Panamá” [4]),
a Luis Posada Carriles, el terrorista confeso que intentó asesinar al
presidente de Cuba, Fidel Castro, en 2002. El indulto fue anulado por
la Corte Suprema de Justicia cuando el pájaro ya había volado.
La ex presidente Moscoso autorizó además el Tratado
Alemán Zubieta-Becker (1º de abril de 2002), firmado por el
Administrador de la Autoridad del Canal, Alberto Alemán Zubieta, quien
no estaba facultado para suscribir tratados y que, para colmo, lo aceptó
y firmó en inglés, aunque la Constitución Nacional consagra el español
como lengua oficial de Panamá: ¡extralimitación de funciones para
la ex presidente y el ex Administrador del Canal (cf. Constitución
Nacional de la República de Panamá, Art. 191)!
No obstante la ninguna capacidad moral o legal del “Grupo de Lima”
para atacar a Venezuela, Estados Unidos insiste en invadirla con la
complicidad de gobiernos no representativos, anacrónicos, forajidos y
enemigos del Derecho Internacional, que aprovechan los Carnavales y
siguen como comparsa (en este martes [20 de febrero] de Carnaval) a su
dios Momo, Estados Unidos, bajo la bandera infame de una nueva «Intervención Humanitaria».
Se nos quiere hacer creer que en Venezuela hay una «crisis humanitaria»
que exige enfrentar a pueblos contra pueblos de la región, a pobres
contra pobres y a hermanos contra hermanos, para satisfacer los apetitos
de Washington, malinterpretando al genial estratega chino, Sun Tzu, que
aconsejaba ahorrar las propias fuerzas y usar las ajenas.
Las intervenciones humanitarias, que responden a la necesidad de
proteger a víctimas de las guerras cuando no existe la voluntad o la
capacidad del soberano para asumir esa responsabilidad, han sido
desvirtuadas por los poderes hegemónicos para encubrir sus fechorías
depredatorias. Pero, ¡ojo!, la intervención humanitaria es un concepto
polémico aún bajo debate.
Personalmente me opuse, como presidente de SERPAJ-Panamá, a su
adopción indiscriminada en la reunión de la ONU en Centroamérica
(San José, 2005), convocada por la Fundación Arias. A veces se le
confiere el «derecho a proteger» –inherente a la «intervención humanitaria»– al Consejo de Seguridad de la ONU, a un acuerdo regional (como la OTAN) o a un grupo de Estados.
En Yugoslavia se implementó la «intervención humanitaria» para
impedir supuestamente una limpieza étnica que Slobodan Milosevic
llevaba a cabo en Bosnia, pero la OTAN (léase Estados Unidos) invadió
Yugoslavia, el único país europeo que no era miembro de esa organización
bélica, la desmembró en función de los intereses geopolíticos del
imperio y la sumió en la ruina.
La verdad llegó tarde:
«Diez años después de que Slobodan Milosevic, ex presidente de la desaparecida Yugoslavia, muriera en extrañas circunstancias (bajo arresto), el Tribunal Penal Internacional ha exonerado al político serbio de la responsabilidad en supuestos crímenes de guerra cometidos en Bosnia…
Slobodan Milosevic fue vilipendiado de manera sistemática por toda la prensa occidental y por los políticos de los países de la OTAN. Los medios de comunicación de la época lo calificaron como el “carnicero de los Balcanes” y lo compararon con Hitler. Fue acusado igualmente de “genocida” y de ser “un monstruo sediento de sangre”, según rezaban los titulares de los grandes rotativos europeos y estadounidenses de entonces.
Con la utilización de ese cliché falsificado se trató de justificar no sólo las sanciones económicas contra Serbia, sino también los bombardeos de la OTAN en 1999 sobre Serbia, así como la encarnizada guerra de Kosovo.» [5]
En Libia, se implementó en 2011 la «intervención humanitaria» para enfrentar la violación de los derechos humanos por parte del «dictador» Muammar el-Kadhafi. Pero la OTAN (Estados Unidos) se hizo cargo y aplicó su «derecho a proteger» a la población «desvalida».
En 7 meses utilizaron 40 000 bombas y misiles contra la población libia
y –usando a la vez espías, terroristas y mercenarios extranjeros–
mataron a 120 000 libios, asesinaron a Kadhafi de manera atroz y
particularmente morbosa, expropiaron los activos y el petróleo del país,
sumiéndolo en un infierno perpetuo, y eliminaron del gobierno a los
libios «de piel oscura» a pesar de que el Consejo de Derechos
Humanos de la ONU había encomiado aquel mismo año (2011) a Kadhafi
precisamente por el progreso de Libia en materia de igualdad racial.
Después se supo que una de las razones de la «intervención humanitaria» era el intento de Kadhafi de reemplazar el dólar por una moneda común africana.
En el caso de Panamá, Estados Unidos ni siquiera se tomó el trabajo
de informar a la OEA ni a la ONU, como tampoco al Senado estadounidense,
de que debían aprobar la invasión de 1989, pero sí mintió y satanizó al
general Manuel Antonio Noriega, como se evidencia en documentos
“Secretos-Sensitivos” del Consejo de Seguridad Nacional estadounidense,
documentos que fijaron como objetivo abrogar los Tratados sobre el Canal
[de Panamá] y echar abajo las negociaciones entre Japón y Panamá para
un nuevo Canal [6].
Pero en Venezuela no hay crisis humanitaria ni guerra civil –tampoco
la había en Panamá. Sí existe una masiva intervención externa en los
asuntos propios, internos y externos, de su pueblo, intervención que
se manifiesta en forma de guerras ultramodernas y multiformes, con apoyo
transnacional de países, organizaciones no gubernamentales y
personalidades que intentan destruir la nación venezolana, destruir su
revolución y robarle a Venezuela sus prodigiosas riquezas naturales.
_________________________________________________
[1] «Mossack-Fonseca, el escándalo Irán-Contras y Noriega», por Julio Yao Villalaz, La Estrella de Panamá , Red Voltaire , 27 de abril de 2016.
[2]
El autor se refiere al SouthCom, el mando regional de las fuerzas
armadas estadounidenses a cargo de las tropas desplegadas en las
numerosas bases militares de Estados Unidos en Sudamérica,
América Central y el Caribe. Nota de la Red Voltaire.
[3]
El autor se refiere a la intervención militar estadounidense que
Washington justificó oficialmente esgrimiendo una supuesta implicación
del general panameño Manuel Antonio Noriega en el narcotráfico
internacional y una “amenaza” a la libre navegación a través del canal
interoceánico. Hasta el día de hoy no ha podido determinarse
con precisión la cantidad de civiles muertos en los bombardeos «quirúrgicos»
de la US Air Force contra los barrios populares de la capital panameña,
desatados –al igual que la invasión– sin previa declaración de guerra
por parte de Washington. Nota de la Red Voltaire.
[4]
El general estadounidense Colin Powell, internacionalmente célebre,
como secretario de Estado de la administración Bush hijo, por su
exposición ante el Consejo de Seguridad de la ONU sobre las «armas de destrucción masiva»
que hacían “necesaria” la invasión contra Irak, era jefe del
Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos en el momento de la invasión
estadounidense contra Panamá. Nota de la Red Voltaire.
[5] «El Tribunal Internacional de La Haya reconoce tardíamente la inocencia de Slobodan Milosevic», Canarias-Semanal.org (España), 27 de julio de 2016.
[6] Ver el próximo libro de Julio Yao El Monopolio del Canal y la Invasión a Panamá, EUPAN, 2018
Julio Yao Villalaz
Aanalista internacional y diplomático de carrera. Fue profesor de
Relaciones Internacionales y Derecho Internacional, asesor del general
Omar Torrijos, vicepresidente del Movimiento Unidad Latinoamericana y
representante de la República de Panamá ante la Corte Internacional de
La Haya.
Aanalista internacional y diplomático de carrera. Fue profesor de
Relaciones Internacionales y Derecho Internacional, asesor del general
Omar Torrijos, vicepresidente del Movimiento Unidad Latinoamericana y
representante de la República de Panamá ante la Corte Internacional de
La Haya.
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